Por José Luis Pardo Veiras
En México, D.F.
En el mundo existe un selecto club formado por 18 miembros: aquellos países que cuentan con la autorización de Naciones Unidas para producir opio legalmente. Durante los últimos meses, algunos políticos y expertos mexicanos abrieron un debate para discutir la posibilidad de que su país, el segundo mayor productor (ilegal) del mundo y el primero de América Latina, se una a este club.
En México los cultivos de amapola se reparten entre el noroeste, en el llamado Triángulo Dorado (que comprende los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango), un feudo tradicional del Cártel de Sinaloa, y sobre todo en Guerrero, uno de los estados más violentos del país, en el que decenas de bandas del crimen se disputan el control del territorio.
Toda la producción viaja a Estados Unidos. En el vecino del norte el consumo de heroína entre los jóvenes se ha duplicado en los últimos años y las muertes por sobredosis se han multiplicado por cuatro, alcanzando a personas blancas de clase media, algo que ha hecho saltar las alarmas respecto a un problema soterrado durante mucho tiempo.
Los habitantes de las dos regiones de cultivos, además de sufrir la violencia y en ocasiones el desplazamiento, viven en la sierra, en lugares a los que difícilmente se accede después de transitar horas por caminos de terracería. En temporada de lluvias llegan a quedarse completamente aislados. El Estado no provee servicios básicos como luz, educación o sanidad. En este panorama, el cultivo de amapola se ha convertido en el principal sustento, cuando no en el único, de miles de personas.
“Miles de familias que viven en la sierra alta de Guerrero tienen contacto con el cultivo de la amapola y lo reconocen como un tema normal sin que nieguen el riesgo y que pueden acabar presos. La gente lo ve como la única forma de resolver los problemas, porque a diferencia del cultivo del aguacate o de frutales, el comprador le compra en la puerta de su casa”, dice Rigoberto Acosta, ex Secretario de Desarrollo Rural de Guerrero.
“Los casi 500 millones de pesos (unos 26 millones de dólares) que se producen en la sierra guerrerense por esta actividad paradójicamente también es la desgracia de las ciudades de Guerrero por la violencia que causa el crimen. Y esta paradoja no se puede tapar con un dedo”, opina.
Debate en puerta
El debate alrededor de la amapola detonó mediáticamente el pasado marzo, cuando el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, propuso en una televisora local hacer un programa piloto para regular los cultivos con fines medicinales. “Un asunto puede ser que tenga que ver con lo médico, es una manera de que todo eso salga de lo escondido, hagámosla institucional”.
La lógica del gobernador es aflorar a la legalidad un negocio que lleva décadas en funcionamiento bajo el control del crimen organizado, sacarle al narcotráfico parte de su financiación para encauzar esos recursos hacia una ruta legal controlada por el estado. Desde que Felipe Calderón, el anterior presidente del país, enarbolara la guerra contra las drogas, Guerrero ha visto cómo los grupos delictivos se han atomizado, aumentando la violencia incluso en la propia sierra.
“Hoy cualquier pendejo se dice que ya es jefe de un grupo y le tienes que rendir cuentas y sólo a él le puedes vender el producto. Eso hace más riesgoso el control y la propia vida de la gente”, asegura Acosta.
La segunda parte el argumento para legalizar sería abastecer el mercado interno de morfina y otros medicamentos contra el dolor. En México, el déficit de estos opiáceos alcanza cerca del 90%, a pesar de que la producción mundial legal serviría para abastecer las necesidades de todos los países. La apuesta más realista para los expertos que apoyan la regulación es, al menos, crear un mercado interno.
“Como todo, el diablo está en los detalles”, analiza Alejandro Madrazo, coordinador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). «Si despenalizas la amapola pero no garantizas las condiciones financieras e institucionales para que el mercado de los opiáceos legales sea realmente una alternativa de desarrollo en la región probablemente lo que vas a hacer es fracasar en atraer a los campesinos al mercado legal».
Lisa Sánchez, coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, incide: “Uno de los principales desafíos es cómo vamos a integrar a esos eslabones más básicos para que puedan tener medios de vida alternativos o tener un salario decente. El mayor riesgo es la falta de presencia del estado en su acepción de proveedor de servicios. Lo único que existe es una presencia punitiva del aparato castrense que se dedica a erradicar”.
Si esta embrionaria propuesta avanzara tendría que moverse a dos niveles, el nacional y el internacional. Para que Naciones Unidas diera la autorización, México tendría que cumplir dos requisitos: la creación de un Instituto Nacional de la Amapola y garantizar que la producción no caiga en manos de los criminales, un punto controvertido por la situación que se vive en el país y que han mencionado las voces críticas. «Hay que señalar que otros países como India o Turquía donde se ha autorizado tienen características similares a México», dice Sánchez, una de las figuras más activas en las reformas sobre la reformas sobre la marihuana en el país.
Desde 2008 México, algunos grupos de activistas y académicos han fomentado el debate sobre la regulación de la producción y uso de la marihuana. Ahora se abre la discusión con la amapola. «La gran diferencia con la marihuana es que la amapola es regional. Legalizar la marihuana tiene como beneficio inmediato que dejas de criminalizar a los consumidores en todo el país. Es un problema nacional. La criminalización de consumidores de heroína es local o regional, está muy localizada. La legalización de la amapola no tiene que ir a la heroína, sino a opiáceos médicos utilizados en hospitales. Sin cambiar el régimen de prohibición de la heroína y sin cambiar radicalmente el régimen legal e internacional puedes generar una industria de medicamentos sin uso lúdico», dice Madrazo.
Para el experto del CIDE, el mayor reto será derribar estigmas sociales. “El principal problema para implementar una política legal de la amapola para el desarrollo regional no son los opiáceos sino los indígenas, los cultivadores. Porque hay mucho más estigma hacia la población indígena desde el Estado y los centros urbanos que sobre la industria farmacéutica de opiáceos”.
