Por Emilio Ruchansky
En Buenos Aires.
En el verano de 2013 Luz Juliano, de 28 años, fue a patinar en skate a Mar del Plata, el balneario más popular de la costa Atlántica argentina. Había llegado con amigos desde Necochea, 130 kilómetros al sur.
Hacía unos seis o siete años, no lo puede precisar bien, le contó a sus padres que fumaba cannabis. Ella estudió Derecho, hoy es abogada.
—Sabía que con papá estaba todo bien.
Su padre es Mario Juliano, juez del tribunal oral de Necochea y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal (APP). Para él fue todo muy natural.
— No hubo trauma de ningún tipo. Le dije que si esa era su decisión, yo la iba a respetar, como correspondía.
En Mar del Plata había una marcha mundial de la marihuana. El grupo de amigos se quedó pensando en hacer algo parecido en Necochea. Ellos también fumaban y cultivaban cannabis. El movimiento, las organizaciones, los cultivadores organizados inspiraron a los amigos de Necochea.
En Argentina se persigue la tenencia de drogas para uso personal y el autocultivo, pese a que en los últimos 30 años buena parte del poder judicial defiende la admisión del uso. Pero como la ley de drogas no cambió, tampoco cesó la persecución policial.
—Como abogada, aunque en ese momento todavía era estudiante de Derecho, vivir una injusticia y no hacer nada no estaba en mis planes.
La entonces estudiante empezó a militar. Tenía algo bien claro.
—Hay que defender los derechos.
Luz se hizo activista y con otros fundó la Agrupación de Cannabicultores de Necochea-Quequén.
—La primera en la provincia en conseguir personería jurídica.
Así lo certifica su padre, el juez, también militante de la misma causa. Cada uno en sus zapatos, han caminado juntos en Necochea.
— A partir del activismo hemos encontrado muchísimos puntos en común para marchar juntos.
El juez Juliano no es el único que piensa que el sistema judicial tiene que sincerarse. Es de los que cree en “afianzar libertades”.
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Un día antes de que el presidente argentino Mauricio Macri lanzara el plan “Argentina sin narcotráfico” más de 250 magistrados, fiscales y defensores de varios departamentos judiciales a lo largo de Argentina pidieron la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal y recomendaron “políticas de regulación de sustancias actualmente prohibidas”.
La Declaración de los magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos fue ideada por la Asociación Pensamiento Penal (APP) y lanzada en una fecha especial, el 29 de agosto pasado.
Ese día se cumplieron 30 años del primer fallo contra la criminalización del consumo de drogas. La Corte Suprema de Justicia en democracia sobreseyó al entonces guitarrista de Los Abuelos de la Nada y de Charly García, Gustavo Bazterrica.
Juliano dice que pensaba en conseguir 100 firmas de magistrados y que Mariano Fusero, responsable del área de políticas de drogas, se conformaba con 50.
La primera parte del documento cita al Comité Científico de la Oficina contra la Droga y el Delito, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Recomiendan terminar con la criminalización para posibilitar el acceso a tratamientos. La Organización de Estados Americanos (OEA) destaca “el beneficio de reducir la cantidad de casos judiciales, los prontuarios criminales y las tasas de encarcelamiento”.
La siguiente parte de la declaración se centra en los problemas locales y el “exorbitante presupuesto” destinado a reprimir la oferta. “El 95% del denominado ‘Presupuesto de Drogas’ se orienta a controlar la oferta y apenas el cinco por ciento para reducir la demanda. De ellos, cuatro a tratamiento y uno a prevención. La media mundial es de 60/40%”, dice el escrito aprobado por “una mesa federal, horizontal y anarquista”, describe Juliano.
Además, se critica la falta de atención a la población carcelaria por consumo problemático y la ausencia de control sobre las comunidades terapéuticas. Los magistrados quieren terminar con el tratamiento coactivo (obligatorio, forzoso) y reglamentar la ley 26.934 para aplicar la reducción de daños.
“Al igual que sucede con la regulación de sustancias nocivas para la salud, como el alcohol y el tabaco, el abocamiento regulatorio institucional brinda mayores posibilidades de control del fenómeno que la fallida prohibición”, dice el documento. También plantea la necesidad de facilitar el acceso a los “usos medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor de las sustancias actualmente prohibidas”.
Quórum
Aunque la presentación del documento fue en el Salón Azul del Senado argentino, no hubo ningún diputado ni senador presente durante las exposiciones repartidas en dos paneles. En el primero, el juez Martín Vázquez Acuña, dijo que en las cárceles federales había 10.315 detenidos, al dos de marzo de 2016. “El 31% era por la ley de drogas, 2794 hombres y 402 mujeres”, sentenció.
Luis Niño, juez de Cámara Federal de Casación, recordó que “un enorme aparato estatal se dedica esencialmente a martirizar a los simples tenedores y usuarios de drogas prohibidas”. Funcionarios y magistrados burócratas atrapan y juzgan a personas “de mínima o ninguna peligrosidad, con buen rédito funcional en lo atinente a los difusos criterios de eficiencia policial con que se manejan las instituciones de seguridad”.
Gabriel Ignacio Anitua, explicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucional penar la tenencia alcanza al consumidor “y se desentiende de los vulnerables, de la señora que tiene un kiosko de drogas y del pibe que hace delivery para las clases más acomodadas”.
La jueza Silvia Martínez, defensora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insistió en la cantidad de mujeres pobres, jefas de hogar, que venden drogas para sustentar su hogar. “En 2006, las mujeres llegaron casi al 10 por ciento del total de personas presas para descender en 2007 y después ‘mecetarse’. En términos internacionales es una tasa enorme, inentendible. La media mundial de mujeres presas es entre cuatro y seis por ciento”.
La situación en las provincias de Salta y Jujuy, que limitan con Bolivia al norte, es alarmante y desgarradora, comentó. Muchas bolivianas trafican pequeñas cantidades de cocaína y quedan detenidas, abandonadas, sin poder cuidar a sus hijos del otro lado de la frontera.
“Me tocó juzgar una mulita que ni siquiera entendía cuál era la imputación. Era desesperante verla. Juzgo personas con discapacidad o responsables de personas con discapacidad, mujeres y familias con cantidad de niños y problemas muy serios”, se lamentó Ángela Ledesma, camarista de la Casación Federal.
La campaña
En los penales de la provincia de Buenos Aires, que junto a las cárceles federales albergan el 80 por ciento de las personas detenidas por drogas, llegaron al récord máximo.
En diciembre de 2015, el 8 por ciento estaba preso por ley de drogas: 3194 personas. El aumento obedece a que los delitos de drogas menores, como la venta directa, que se dirimían exclusivamente en el ámbito de la justicia federal, hace más de 10 años se pueden “provincializar” por una ley conocida como “desfederalización”.
Esta norma incrementó 200% las personas presas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y la primera en adherir a la “desfederalización”. Una situación similar se avecina en Córdoba, Chaco y Salta que también adhirieron.
La recomendación de la APP fue derogar la ley que permite a cada justicia provincial inmiscuirse en delitos menores, como el microtráfico. Otra de las recomendaciones fue conmutar penas a mulas y personas vulnerables detenidas por menudeo.
Juliano afirmó que la APP pretende “afianzar las libertades” y destacó la adhesión desde los “cargos más relevantes a los sitios más ignotos del país” de 250 jueces, fiscales y defensores argentinos quieren transitar otro camino.
El fallo Bazterrica contiene uno de los votos más sólidos y audaces en la jurisprudencia latinoamericana, el del fallecido juez Santiago Petracchi, quien decía que “aducir que el castigo al consumidor permite disminuir la demanda y, en consecuencia, el negocio del traficante, importa tanto como afirmar que proteger la vida es contribuir a crear las condiciones necesarias para la ejecución de homicidios”.
Por más que hayan pasado 30 años de este fallo, en Argentina la retórica de la guerra a las drogas sigue siendo más redituable, políticamente, que la paz. Pero no todos piensan igual.
