La guerra contra las drogas no fracasó

Por Guzmán Castro

Es común escuchar que la guerra contra las drogas “fracasó”, en tanto la oferta y la demanda de sustancias ilegales creció en las últimas cuarto décadas. Al hablar de fracaso se pasa por alto que la guerra nunca fue contra “las drogas.” El prohibicionismo y sus políticas siempre estuvieron dirigidos a los enemigos del estado, la nación y el orden social. La guerra es contra inmigrantes, por color de piel, contra mujeres, jóvenes, el lumpenproletariado y los llamados desviados sociales. Los otros legitiman un nosotros dominante.

Desde ese ángulo, la guerra contra las drogas no fracasó. Todo lo contrario. Como política de control social sigue siendo un éxito rotundo.

Desde luego que el prohibicionismo no redujo la producción y el consumo de drogas ilegales. Chocolate por la noticia. Evaluar la guerra contra las drogas desde la reducción de la oferta y la demanda (parámetros impuestos por los estados) sería como criticar al imperialismo por fracasar en expandir la libertad, o al neoliberalismo por no terminar con la pobreza.

En las Américas la guerra contra las drogas continúa y el enemigo de turno son los desposeídos del neoliberalismo. La crisis de encarcelamiento masivo, la estigmatización social y la violencia cotidiana que toda guerra genera son funcionales al proyecto de criminalizar la pobreza en pos de la gobernanza neoliberal.

Si la guerra contra las drogas es exitosa es porque el discurso que la habilita se adaptó a nuevas formas de control social. Si en el mundo occidental post 1968, los entendimientos colectivos sobre “el problema de la droga” legitimaron políticas y proyectos enfocados al control de “jóvenes” que amenazaban el orden social, hoy el problema reside en la tríada crimen, violencia y pobreza, bajo un orden neoliberal.

Semanas atrás, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció el acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”. Como política de control de oferta, el anuncio es otro eslogan vacío. Las políticas “anti-narcotráfico” nunca amenazaron a las elites mafiosas que llenan sus bolsillos con los mercados ilegales que el estado crea. Así lo reflejan los resultados de la militarización en el combate al narcotráfico en México.

Acuerdos como el de Macri facilitan el empoderamiento de las fuerzas represivas en “zonas rojas” o “puntos calientes” que coinciden en los territorios más excluidos y estigmatizados. El enemigo de Macri no es el narco que agranda sus arcas bolsita a bolsita y contenedor a contenedor, sino aquellos que venden o consumen para sobrevivir en un sistema que los expulsa.

La excusa de las drogas para intervenir encuentra un amplificador en un gobierno de talante conservador y policíaco como el de Macri. Pero la securitización en torno al “problema de la droga” invade América Latina, es transversal a todos los gobiernos progresistas durante la última década.

Desde que la ley regula el mercado de cannabis, Uruguay se transformó en la vedette del movimiento por la reforma de la política de drogas. El cambio legal no impidió que el discurso anti-drogas fuera la punta de lanza para el giro punitivo de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio. Con tasas de encarcelamiento por crímenes de estupefacientes en ascenso y un discurso oficial que usa “el problema de la droga” para intervenir violentamente en barrios de menos recursos. También en el Uruguay de la marihuana legal la guerra contra las drogas es un éxito.

Tiene poco sentido hablar del fracaso de la guerra contra las drogas mientras se normaliza su utilización criminalizando la pobreza. Las bien intencionadas legalizaciones parciales, la humanización de lo psiquiátrico/rehabilitador, el discurso progresista/liberal o las reformas a la política de drogas poco pueden hacer para contrarrestar la espiral punitiva.