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UNGASS, de la encrucijada a la reforma

Por Zara Snapp

UNGASS 2016, no incluyó la mayoría de los puntos imprescindibles para un debate serio, que reconozca los daños de las políticas de drogas. El borrador presentado para el documento de resultados tampoco mencionó la urgencia de implementar servicios de reducción de riesgos y daños. Ni siquiera incluye estas palabras.

También faltó reconocer la necesidad de re-orientar los recursos desde un enfoque punitivo hacía uno de salud pública.
Eliminar el paradigma de criminalización en políticas de drogas hacia Derechos Humanos, salud, desarrollo y educación en los eslabones más débiles, fue otro gran tema ausente en UNGASS, desde el vamos.

El desmantelamiento de los mecanismos y estructuras del crimen organizado o el compromiso de respuestas de justicia criminal que adhieran al principio de proporcionalidad, tampoco se barajaron en el borrador.

Poner fin al tratamiento obligatorio o eliminar la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Tomar en cuenta a las mujeres afectadas por esas políticas. Reconocer y proteger poblaciones indígenas y su derecho a las prácticas ancestrales. Revisar formalmente los indicadores que evalúan las políticas de drogas. Implementar un enfoque integrado de desarrollo sostenible en zonas afectadas por el cultivo ilícito para promover la seguridad. Fomentar el crecimiento económico. Respetar los Derechos Humanos y proteger el medio ambiente. Fueron todos asuntos ausentes.

El documento de resultados nota un “progreso tangible” en el problema mundial de drogas, aunque la sociedad global no lo haya visto traducido en la disminución de la producción, tráfico o consumo de sustancias de tráfico ilícito. Lo que se nota, a nivel mundial, es un incremento en los costos y daños de la política. La crisis de la encarcelación y numerosas violaciones a los Derechos Humanos. Altos niveles de violencia y corrupción vinculados al trafico de drogas. Además de altos índices de poblaciones desplazadas.

El documento final contempla estrategias eficientes para el acceso a medicamentos controlados. Reitera el “compromiso de respetar, proteger y promover todos los Derechos Humanos”. Y recomienda asegurar el acceso no discriminatorio a servicios de salud y atención, promoviendo la supervisión eficaz de las instalaciones de tratamiento y rehabilitación de “drogo-dependientes”.

Este acuerdo busca fomentar la perspectiva de género en programas de control de drogas y políticas en materia de drogas. Y alienta que se tengan en cuenta las necesidades específicas y los múltiples factores que hacen particularmente vulnerables a las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas. En cuanto al desarrollo alternativo, recomienda atacar los factores de riesgo como la falta de servicios, necesidades insatisfechas en infraestructura, exclusión, marginación y desintegración social, además de la violencia relacionada con las drogas.

Por último, el documento ofrece a los estados suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas y afrontar sus retos persistentes. Esto evidentemente representa un avance, aunque no es suficiente. No incluye varios elementos como el rechazo a la pena de muerte por delitos de drogas, el reconocimiento de los modelos de regulación que actualmente existen, ni la ausencia de nuevos indicadores sobre control de drogas basados en Derechos Humanos, salud y desarrollo sostenible.

La UNGASS en sí misma, no tuvo los resultados esperados. Los estados miembros acordaron producir “un documento breve, sustantivo, conciso y orientado a la adopción de medidas” que proponga el “modo de abordar los desafíos de larga data y los nuevos desafíos en la tarea de hacer frente al problema mundial de las drogas”.

El documento final fue aprobado el primer día de la Asamblea de UNGASS. Lo habitual, y lo que estaba previsto, es que se firmara el tercer y último día de la sesión. Pero algo, no permitió el “debate abierto y de gran envergadura, que considere todas las opciones disponibles”, como había exhortado el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Tampoco fue posible que los países sin representación en Viena pudieran influir.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, declaró que sigue pendiente acordar que los Derechos Humanos —y las convenciones que los reconocen y protegen— no pueden estar en segundo plano frente a las convenciones de drogas”.

La Unión Europea mostró su descontento, lamentando “profundamente que el documento final no incluya nada respecto a la pena de muerte”.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió “mejor coordinación entre las agencias de Naciones Unidas para abordar todos los aspectos del problema global de la droga”.

El status quo. Rusia, China, Pakistán, Egipto, Tailandia y algunos países del Medio Oriente, optaron por políticas punitivas ante los delitos relacionados a drogas. Defienden el endurecimiento del encarcelamiento y la pena de muerte. Escudándose bajo el principio de la soberanía, perjudican a millones de personas. Lamentablemente, estos países generaron respaldo en sus decisiones y duras estrategias entre Suecia, Perú, Cuba y Sudáfrica.

Desafortunadamente, el proceso poco transparente e incluyente, permitió el beneficio de los defensores del status quo. UNGASS permite que los habitantes de esos y otros países, sigan sufriendo los altos costos de la guerra contra las drogas.

No todo está perdido, al contrario, se ha generado un precedente para la consolidación de un bloque de países reformistas y el fortalecimiento de la sociedad civil, para la conformación de estrategias que logren mejorar la política internacional de drogas, centrarla en clave Derechos Humanos, salud pública y bienestar de la humanidad.

Más de 60 países articularon su desacuerdo con el uso de pena de muerte, 32 países mencionaron la necesidad de integrar reducción de daños en el control de drogas y 47 estados miembro se comprometieron a una perspectiva que privilegie los Derechos Humanos.

UNGASS 2016 ha terminado. Pero su fin solo representa el inicio de otro proceso. Un proceso que nos podría llevar a una evaluación a fondo de los mecanismos de control de drogas y sus impactos en nuestras sociedades.

En 2019, la comunidad internacional se va a reunir de nuevo para revisar la Declaración Política y el Plan de Acción trazado en 2008. En esa ocasión, los estados miembros tienen el mandato y la obligación de poner en marcha un nuevo Plan.

El proceso va requerir, en primer lugar, que los estados que implementaron reformas levanten la voz. Europa, con sus novedosos programas de reducción de daños y salas de tratamiento asistido o programas de intercambio de jeringas. Los países en América Latina que optaron por políticas más humanas y menos punitivas, incluso por regulaciones. También deben intervenir los estados envueltos en la regulación de cannabis para fines medicinales y/o personales en Estados Unidos. Todos deben hablar.

En segundo lugar, se necesita una sociedad civil organizada, que siga presionando, implementando programas piloto que puedan transformarse en políticas públicas, asegurándose que los detractores no ganen las negociaciones. Se necesitará de organizaciones y movimientos sociales diversos, como los de medio ambiente, los de Derechos Humanos, de género, de democracia y desarrollo. Todas con el foco en una reforma a la política de drogas.

Aún falta mucho por hacer. Empecemos por generar relaciones de coordinación y acción para que el cambio sea posible.

 

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