Macri contra el narcotráfico y el sentido común

Por Cecilia González
En Buenos Aires

Siete páginas con un listado de buenas intenciones le bastaron al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para prometer por enésima vez que derrotará al narcotráfico.

“Tenemos que ganar esta guerra”, dijo Macri el 29 de agosto pasado al presentar su proyecto “Argentina sin narcotráfico” y retomar un peligroso lenguaje bélico que tanta violencia provocó en otros países de la región. Contrastó así con las nuevas políticas de drogas que ganan peso en América Latina, con Uruguay como caso emblemático después de haber legalizado la producción, consumo y venta de marihuana.

Como candidato, Macri ofreció tres utopías: unir a los argentinos, pobreza cero y vencer al narcotráfico. Como presidente, ha comenzado a matizar sus promesas. Ya reconoció que la pobreza no se va a terminar en sus cuatro años de gobierno. Pero con el narcotráfico mantiene un discurso que, en el mejor de los casos, puede calificarse como ingenuo porque propone algo irrealizable.

En “Argentina sin narcotráfico”, nombre del programa que presentó ante representantes de los tres poderes, la Iglesia Católica y organizaciones sociales como una manera de comprometerlos en su guerra, Macri propone una meta de cumplimiento imposible. En Argentina, como en el resto del mundo, el narcotráfico no va a terminar. No hay modo. Sería más realista usar otros verbos: aminorar, morigerar, amortiguar, controlar. Pero desaparecer, no. Las organizaciones criminales sólo mutan, se dispersan o cambian de jefes, pero el negocio crece y se fortalece. Anualmente, según Naciones Unidas, representa un apetitoso botín de 350 mil millones de dólares de ganancias. Es el negocio trasnacional más lucrativo.

La ambiciosa promesa macrista contrasta con la simplicidad del documento. En apenas siete páginas desglosa seis breves capítulos plagados de vagas intenciones: reforzar, intercambiar, desarrollar, crear, colaborar, dinamizar, intensificar, trabajar, impulsar… Lo que no hay en ninguna parte es un diagnóstico claro sobre la magnitud real del narcotráfico en el país. Tampoco se especifican los recursos que se aplicarán en esta guerra.

En su listado de intenciones para desterrar el “paco” (restos de pasta base de la cocaína mezclada con productos químicos), el proyecto plantea el aumento de penas para quienes elaboren, distribuyan y/o vendan esta droga, a pesar de que el endurecimiento de penas nunca ha servido para desalentar delitos.

Otro párrafo explicita el refuerzo de las fuerzas federales y provinciales para dotarlas de “radares, drones, sistemas morpho-touch y toda innovación tecnológica adecuada para la lucha contra el narcotráfico”. No brinda más detalles, pero el gobierno de Estados Unidos ya anunció que Argentina le comprará 24 aeronaves para el control de vuelos ilegales a un costo de 300 millones de dólares. La venta de armamento para el supuesto combate anti narco es uno de los aspectos menos publicitados de una guerra que, como todas las guerras, les conviene a los países productores de armas porque les genera multimillonarias ganancias. En noviembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará a la Cumbre de Jefes de Seguridad Interior en Tel Aviv. Allí habrá una muestra del equipamiento más moderno para la lucha contra el narcotráfico y que se ofrecerá a los gobiernos interesados. Argentina es hoy uno de ellos.

El interés del gobierno macrista en adquirir aviones o nuevo equipamiento en aras de una guerra contra las drogas ilegales ha encendido la alarma en algunos sectores de Argentina porque va de la mano con las presiones que existen para que las Fuerzas Armadas se incorporen al combate al narcotráfico, lo que modificaría por completo sus asignadas funciones de defensa de amenazas externas.

En ese sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y el Grupo Convergencia XXI (formado por especialistas en seguridad, defensa y relaciones internacionales) publicaron en octubre el documento: “La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas”. Explican que la intención de que las Fuerzas Armadas (en particular el Ejército) participen en misiones de seguridad interna viola las leyes que lograron consensuarse con mucho esfuerzo después de la última dictadura militar para delimitar sus funciones. La historia de Colombia y México ya demostró que la militarización de la lucha narco sólo desprofesionalizó a las fuerzas armadas, incrementó las violaciones a los Derechos Humanos, atacó derechos civiles y degradó las instituciones. En suma, se afectó el sistema democrático, riesgo que Argentina debería evitar.

Las contradicciones aparecieron enseguida durante la presentación de “Argentina sin narcotráfico”. El documento propone “evitar la multiplicación de los estereotipos” que profundizan la estigmatización de los consumidores. Pero en su discurso Macri repitió unas de las tantas consignas falsas instaladas sobre el narco: “La droga ataca el núcleo más importante que tenemos en este país, que es la familia, porque va captando a nuestros chicos que terminan asesinando sin darse cuenta de lo que están haciendo, y en la mayoría de los casos esa violencia empieza por sus propios hogares”. El presidente estigmatizó a los consumidores que el documento se compromete a no estigmatizar. También repitió otro lugar común sin sustentarse en ningún dato: “la droga, como se verificó en nuestro país una vez más, genera un aumento exponencial del nivel de violencia en la sociedad”.

Más allá de los propósitos plasmados en “Argentina sin narcotráfico”, desde ahora se puede anticipar que el presidente podrá presumir de incautaciones récord de drogas ilegales y mayores detenciones de presuntos narcotraficantes como los primeros éxitos de su guerra. A mediados de octubre, el Ministerio de Seguridad ya reveló que en los primeros 10 meses del gobierno macrista se decomisó un 700 por ciento más de marihuana y un 34 por ciento más de cocaína que durante 2014 y 2015.

También en octubre, la Procuraduría de Narcocriminalidad dio a conocer que el año pasado se iniciaron 22 mil causas judiciales por violación a la ley de estupefacientes, la mitad de ellas por delitos como tenencia para consumo personal y tenencia simple de drogas ilegales. Esto significa que el 50 por ciento de los procesos se abren por delitos menores. En muchos casos, por policías que detuvieron a alguien que estaba fumando marihuana en la vía pública o que tenía un par de plantas de cannabis en su casa. En un trabajo previo, la Asociación Civil Intercambios ya había revelado que el 70 por ciento de las personas acusadas por delitos de drogas son consumidores, no líderes de ninguna gran organización criminal. El Ministerio de Justicia reportó este año que las infracciones a la Ley de Estupefacientes son el tercer motivo de encarcelamiento después del robo (o tentativa de) y los homicidios. De las 69.060 personas presas hoy en Argentina (la cifra se duplicó en 15 años), más de siete mil fueron acusadas de un delito vinculado a drogas, pero la tendencia es ascendente si se toman en cuenta los comunicados de operativos y detenciones que manda casi a diario el Ministerio de Seguridad.

La mala noticia es que mayores secuestros de drogas y detenciones nunca significaron, en ningún país, el fin del narcotráfico que el gobierno les sigue prometiendo a los argentinos.